Y el Derecho Administrativo, ¿para qué sirve?
Por Juan María Jiménez Jiménez, Director del Máster en Derecho Administrativo en el Instituto de Estudios Cajasol.
Salimos a la calle de cualquiera de nuestras ciudades y pueblos, y aunque invisible, ahí esta. Lo mismo ocurre cuando nos desplazamos por cualquier medio de transporte, ya sea por autovía, ferrocarril, tráfico marítimo o aéreo.
En nuestro día a día, realizamos múltiples gestiones y actividades cotidianas, ya sea el uso de servicios públicos, la percepción de prestaciones públicas, e incluso el disfrute de servicios prestados por entidades privadas, en cuyo origen, creación y gestión, tiene un papel relevante… Pero, ¿dónde está el Derecho Administrativo?
Tan relevante como silencioso
Es imposible comprender hoy en día las modernas sociedades en las que vivimos sin el papel del Derecho Administrativo, y con ello, la intervención y funcionamiento de las Administraciones Públicas.
De un lado, la permanente presencia administrativa hace difícil encontrar aspectos de la vida actual en los que no intervenga de una manera u otra este derecho. Y lo mismo ocurre si pensamos las prestaciones de servicios y actividades que las modernas tecnologías y avances permiten disfrutar a los ciudadanos, para las que se precisan de permisos, licencias, concesiones de las diversas administraciones competentes.
Basta con pasear por cualquier calle para que nos encontremos de lleno con el urbanismo, motor de crecimiento y desarrollo no sólo de los municipios, sino también de las distintas empresas que de una u otra forma intervienen en el proceso de transformación urbana. Ahora bien, ese desarrollo urbanístico no puede producirse sin límites o controles y precisa que se adapte a las necesidades medioambientales. De esta forma surge una disciplina dentro del Derecho Administrativo que persigue la necesaria protección de los recursos naturales y la adaptación a los mismos de cualquier actuación humana.
En esa misma calle nos encontramos hoy en día, una proliferación de medios de transporte públicos, privados, algunos destinados de modo específico al fenómeno del turismo, que poco a poco transforman la imagen de nuestras ciudades. Surgen así nuevas formas de prestación de servicios, que precisan de una adecuada regulación e intervención administrativa.
En nuestro deambular nos podemos encontrar con obras y ocupaciones sobre el viario público, que reflejan la necesaria colaboración público-privada a la hora de modernizar y realizar las actuaciones necesarias que en cada momento demanda la ciudadanía. Es en esta materia esencial la importancia de la contratación administrativa como instrumento que precisan las administraciones públicas para poder desarrollar los fines que tienen encomendados.
Cualquier negocio o iniciativa empresarial precisará cuando menos de algún tipo de intervención administrativa y podrá beneficiarse de incentivos o subvenciones públicas como medidas de fomento.
De lo público al privado, de la empresa a la persona
Por otra parte, existen valores y bienes cuya protección especial precisa de medios especialmente intensos, que exigen el castigo de cualquier conducta que lesionen aquellos. Surge así la potestad sancionadora de las Administraciones, que está presente en cualquier ámbito o sector de la actividad ciudadana.
Pensemos no ya en las actividades que puede realizar cualquier ciudadano, como el uso de vehículos, sino de forma más específica en ciertas actuaciones productivas con una importante intervención administrativa. La explotación agraria o ganadera, por ejemplo, necesita de recursos hídricos en una región como es Andalucía, que requiere de la adaptación a la legislación administrativa en cada caso aplicable.
Con esta rápida e incompleta descripción, se pone de manifiesto que la intervención administrativa en la sociedad es un fenómeno permanente cuya articulación jurídica se realiza a través de las distintas técnicas propias del Derecho Administrativo. Y este se proyecta tanto para garantizar una adecuada realización de las actuaciones administrativas, como para salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos frente a aquellas.
Son así vitales instituciones como la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, mediante las que los ciudadanos reclamación de estas, los daños y perjuicios que hayan podido sufrir como consecuencia de actuaciones administrativas.
Regulación y protección
En el ámbito de fomento, la actividad empresarial no se entiende hoy sin incentivos y ayudas que deben canalizarse mediante la regulación de las subvenciones, con especial importancia de los casos de reintegro.
Como antes se ha dicho, existen múltiples actividades que en su proyección pueden afectar a bienes protegidos por sus valores medioambientales o por su afección al dominio público. Esto obliga a una especial atención a los intereses concurrentes, públicos y privados, tanto para la obtención de permisos y licencias como para evitar posibles infracciones.
Con lo anterior, ponemos de manifiesto la presencia del Derecho Administrativo de forma transversal en múltiples sectores de la vida cotidiana, y especialmente, en la actividad de cualquier tipo de empresa o negocio.
Al respecto, resulta verdaderamente esencial una adecuada formación en la materia administrativa, demandada no únicamente por empresas y operadores del sector privado, sino en ocasiones también por diversas administraciones públicas y entes de las mismas.
El Máster en Derecho Administrativo que presenta el Instituto de Estudios Cajasol pretende responder a estas necesidades formativas con un completo programa que aborda el estudio práctico de las principales instituciones del Derecho Administrativo y de los sectores y ámbitos regulados de mayor incidencia y relevancia actual.
Estamos seguros de que el seguimiento y superación de este programa facilitará a los alumnos una adecuada formación administrativa y una sólida base para su acceso al mundo profesional.
Juan María Jiménez Jiménez es magistrado y Director del Máster en Derecho Administrativo en el Instituto de Estudios Cajasol.